Tijuana BC 15 de julio (GT).- El Consejo de Desarrollo de Tijuana reprobó la falta de planeación e infraestructura con la que se desarrolló el nuevo acceso peatonal a los Estados Unidos, ya que puede representar un riesgo para los ciudadanos de ambos países que busquen cruzar la frontera.
El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas comentó que la falta de planeación entre el gobierno de ambos países, la poca comunicación y la gran diferencia que existe entre el presupuesto destinado del lado mexicano y el lado norteamericano, son la raíz de este problema.
“Sabíamos de los planes desde hace mucho tiempo, pero la decisión de la apertura este 15 de julio no la sabíamos, lo que se critica es que no hay muy buena comunicación entre los gobiernos” señaló el presidente de CDT.
En ese sentido, comentó que este puede ser un problema presupuestal, pues los montos destinados no empatan; se utilizaron 800 mil pesos del lado mexicano, mientras que del lado estadounidense se aplicaron en la obra 720 millones de pesos.
Camarena Salinas comento que tanto el Ayuntamiento de Tijuana como el gobierno del Estado deben tomar cartas en el asunto y certificar que el nuevo acceso sea seguro para los peatones que lo utilicen, ya que el peso generado por la acumulación de personas en espera puede afectar la estructura del andamio.
Detalló que aproximadamente en dos años concluirán las obras del nuevo acceso peatonal oeste del Chaparral y la remodelación de la garita; por lo que se espera que al término del proyecto se agilice de manera considerable el cruce hacia ambos países.
“Nosotros como Consejo de Desarrollo estamos promoviendo una obra que integre estas garitas con el Centro y con la Zona del Río, le llamamos Umbral de las Américas, es un proyecto encubado en el CDT y está siendo propuesto a las autoridades tanto federales, estatales y municipales” indicó Camarena.
Finalmente exigió que se aumente la eficiencia en la comunicación entre las autoridades de los dos países, dado que las obras son responsabilidad de los gobiernos federales de México y Estados Unidos en donde nada tienen que ver las administraciones de San diego y Tijuana.