Por : Gilberto LAVENANT
Tijuana BC 18 de julio de 2015 (GT).- Es el colmo de las irresponsabilidades. En Almoloya, una prisión, supuestamente de alta seguridad, no pueden evitar la fuga de “El Chapo”; pareciera que más bien la propiciaron. En Tijuana, en el penal de La Mesa, mantuvieron recluída, a una persona, que un juez penal ordenó su liberación, hace 2 años, 11 meses y 18 días.
Esto trascendió, según se sabe, porque la Comisión Estatal de derechos Humanos, recibió una llamada telefónica, solicitando apoyo para cubrir una supuesta fianza. Al estudiar el expediente, se percataron que casi tres años atrás, el juez de la causa había ordenado su liberación, pero en el penal olvidaron dar cumplimiento a dicha disposición. ¡Torpes!
Y aún más, la CDEH, al darse cuenta de tal aberración, remitió la Recomendación 22/2015, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Daniel de la Rosa, por las violaciones a los derechos humanos, cometidas en contra de la persona que indebidamente mantenían recluída, y la institución, ágil y veloz, como una tortuga, responde que hará una investigación al respecto.
En casos como éste, la Comisión de Derechos Humanos, no debe andar con tantos protocolos. En el menor tiempo posible, debió acudir ante el Juez que conoció el asunto, que motivó la detención y procesamiento de la persona, obtener la constancia de la orden de liberación y presentar la denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
El ofendido no debió permanecer en prisión, ni un minuto más, luego de conocer la injusticia que se estaba cometiendo en su contra, por lo que, de inmediato, el mismo juzgador debió ordenar a un secretario de acuerdos, que acudiera al penal a insistir en la liberación de la persona, en tanto se iniciaba la indagatoria correspondiente.
Recibida la Recomendación, según ha trascendido, la SSPE, le dió el trámite burocrático y la turnó a la Direccin de Asuntos Internos, para verificar si es que efectivamente se violaron los derechos humanos de la persona. Quizás se trataba de una simple mala interpretación o de un error, según ellos.
Bastaba verificar con el juzgador, la autenticidad y eficacia de la orden de liberación y cumplimentarla de inmediato, o sea ponerlo en libertad, y en tanto la agencia investigadora de delitos llevaba a cabo la indagatoria correspondiente, revisar quienes fueron los causantes de la torpeza, para ordenar de inmediato su suspensión y separación del cargo.
Los internos de un reclusorio, no son ninguna escoria social, que no merezcan la atención más elemental. Mínimo, el respeto a sus derechos humanos. Sobre todo, si el juzgador estimó que no había elementos para privarlo de su libertad y ordenó su inmediata liberación.
Tal parece que la Secretaría de Seguridad Páblica Estatal, a cuya cabeza se encuentra Daniel de la Rosa, no controla debidamente la operación de los reclusorios. ¿Cuántas injusticias más estarán cometiendo y que nadie ha detectado?
En este caso específico, deben ser destituidos de inmediato el director del Penal de La Mesa, el Subdirector, el jefe administrativo y todo aquel que haya tenido en sus manos la responsabilidad de darle curso a la orden de liberación y que evidentemente se le traspapeló, cual si fuese un trámite burocrático. A todos ellos, además del cese, por su pésimo desempeño, les deben dar “una sopa de su propio chocolate”. Dejarlos en prisión, olvidados a su suerte, al menos unos 3 años, para que entiendan la gravedad de los hechos. Los internos, son seres humanos, no animales o cosas.
Así mismo, el ofendido, debe ser asistido por la Comisión de Derechos Humanos, para que se le cubra al menos un salario básico, que pudo haber percibido estando libre. Y además, una indemnización por haberlo mantenido pivado de su libertad, durante casi tres años.
Si le escarban un poco, quizás también reulte con responsabilidad, el defensor particular, o el abogado de oficio, que atendió el asunto y que por mera negligencia o flojera, no acudió al penal a verificar que se hubiese cumplimentado la resolución del juzgador. Definitivamente, la cadena de irresponsabilidades, en el caso del Penal de La Mesa, es extensa. Todos los involucrados, deben ser “residentes temporales” del llamado “pueblito de La Mesa”.
Lamentablemente, los reclusorios, y su funcionamiento, no son de interés de los políticos. Caso contrario sería, si no existiera la impunidad y los políticos supieran que tarde que temprano pueden ser recluídos ahí. Seguramente, en cada penal habría una “Zona VIP”. Pero distinta a la destinada para los narcos y criminales ricos.
Si quienes laboran en los creclusorios, al asignarlos ahí, fuesen advertidos que si acaso incurren en alguna alguna falta, serán sancionados conforme a la “ley del Talión”, aquellla que advierte : “ojo por ojo y diente por diente”, serían más cuidadosos en el desempeño de sus funciones.
Solo falta, que bajo el dicho aquel de que “tapar el pozo, después de ahogado el niño”, el gobernador panista, Kiko Vega, ahora salga que en lo sucesivo serán más cuidadosos con los expedientes de los internos en los reclusorios estatales.
Aunque, también en eso se quedó corta la Recomendación de la CDHE, debió “recomendar” a Daniel de la Rosa, y ofrecer su participación para ello, que se haga una exhaustiva revisión de todos y cada uno de los expedientes de los internos, para detectar posibles fallas, errores u “olvidos”, antes de que pase tanto tiempo.
Si con la misma torpeza con que manejan el Penal de La Mesa, manejaran el reclusorio de Amoloya, no solamente se hubiese escapado “El Chapo”, sino que hubiesesn tardado unos tres años en percatarse de ello. Irresponsable.